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jueves, 20 de octubre de 2016

La Legislatura da otra herramienta contra la impunidad y la inseguridad

Una comisión especial trabajó durante más de dos años para elaborar el anteproyecto, que prevé la modificación total de la normativa.

Luego de tres años de consultas y debates, el proyecto para la reforma íntegra del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) llega este jueves al recinto de la Legislatura. Más allá de algunas disidencias puntuales, como la inclusión de fueros para funcionarios del Poder Judicial y del Ejecutivo, oficialistas y opositores están de acuerdo en actualizar la normativa, que regula desde hace 25 años la tramitación de las causas penales del fuero local.

"Está prevista la sanción de una de las leyes más importantes, como es la reforma del CPPT. Esto nos va a permitir poner una herramienta dentro del Poder Judicial para que la justicia llegue, y lo haga a tiempo”, anunció el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.

El presidente de la Legislatura recordó que el proyecto de ley fue producto "del trabajo conjunto de los tres poderes del Estado”. En estos años, la comisión especial estuvo integrada por representantes de la Justicia, del Ejecutivo, de la Legislatura y de los abogados colegiados. Todos los que integraron el comité recibirán un reconocimiento en la sesión, que comenzará a las 8.30. Poco antes, el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Jaldo darán una conferencia de prensa.

El proyecto de ley será defendido en el recinto por los oficialistas Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y Javier Pucharras, titular de la comisión de Seguridad y Justicia. Además, harán sus observaciones los legisladores que firmaron el dictamen de minoría; entre ellos, el radical José Canelada y el bussista Claudio Viña, quienes objetan la incorporación de las inmunidades para funcionarios. También ha planteado algunos cambios la oficialista Nancy Bulacio, quien solicitó la inclusión de disposiciones específicas para casos de violencia de género. El nuevo CPPT contendrá diversas modificaciones en la tramitación de las causas (desde los organigramas hasta los plazos de los procesos). Por ello, se espera que comience a regir, con suerte, en 2017.

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