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lunes, 5 de diciembre de 2016

La provincia les pagará los juicios a más de 60 jubilados

El Presupuesto de 2017 contempla $ 59,4 millones para el pago de fallos adversos; es decir, casi un 400% más que lo abonado en 2015.

 Al menos 61 jubilados cobrarán los juicios que ganaron a la Provincia el próximo año, según se desprende del Presupuesto 2017 que aprobó la Legislatura. La nómina de beneficiarios surge de las planillas de la Fiscalía de Estado, y está incluida dentro de una partida especial para el Registro de Sentencias Condenatorias (RSC), que contempla fondos por $ 59,4 millones. 

Esa cifra, además, representa un aumento sustancial -con respecto a los años anteriores- de los recursos que dispondrá el Estado provincial para atender el pago de los juicios con sentencia firme.

El RSC fue creado el 23 de mayo de este año, a partir de la sanción de la Ley 8.851, cuyo artículo 5 fijó que debían arbitrarse los mecanismos administrativos que garanticen el pleno acceso público para su consulta. En esa oficina se pueden inscribir todos los acreedores del Estado con sentencias firmes, y -según la fecha- tienen prioridad a la hora de cobrar. "Se previó un sistema con vocación de permanencia, que trasciende la situación excepcional que implica la emergencia económica”, resumió el fiscal de Estado, Daniel Leiva. 

La satisfacción del funcionario obedece a que, por primera vez, la Provincia incorporó a su Presupuesto anual los fondos necesarios para cumplir con el pago de los juicios con planillas firmes y, además, ese listado de beneficiarios ya se encuentra definido para erradicar la sensación de discrecionalidad. 

Según esa nómina, en 2017 se pagarán 123 expedientes judiciales, de los cuales 22 corresponden a jubilados que reclamaron por haberes: son, exactamente, 61 pasivos a los que se pagará el próximo año. Según el presupuesto aprobado, estarán disponibles para el RSC $ 59.4 millones, para cubrir capital e intereses de las sentencias condenatorias firmes inscriptas hasta el 31 de julio de este año. 

Interanual

Leiva habla de un cambio de magnitud cuando intenta graficar la importancia del RSC, y apela a una comparación sencilla: los pagos por juicios con sentencia firme de los últimos tres años suman en total unos $ 34 millones; es decir, prácticamente la mitad de lo que se pagará en el primer ejercicio de vigencia del Registro. 

En rigor, sin contar las expropiaciones y las deudas consolidadas, como los bonos Consadep III, en 2014 el Poder Ejecutivo pagó $ 13,4 millones en juicios; en 2015, $ 13,2 millones; y, en 2016, $ 7,3 millones hasta la aplicación de la Ley 8.851.

"Un simple análisis comparativo interanual permite observar el significativo aumento en el monto de deudas que pasó a cubrir el Estado provincial a partir de la sanción de la Ley 8.851”, remarcó. "Queda claro, entonces, que no estamos ante una ley que prolonga la emergencia. Sino que esta norma vino a establecer un sistema organizado, previsible y racional de ejecución presupuestaria que permita la planificación y el ordenamiento objetivo para el cumplimiento de las sentencias dictadas en contra del Estado. Al mismo tiempo, este sistema resguarda la intangibilidad de los fondos públicos”, manifestó. 

El Registro abarca a los jubilados que iniciaron juicios, a los que demandaron por daños y perjuicios al Estado y a los planteos por diferencias salariales. La oficina funciona en la planta baja de la Casa de Gobierno y tiene una dirección por internet: www.tucuman.gov.ar/articulo/registro-de-sentencias-condenatorias.html. En esta página se explican los pasos a seguir y se puede bajar el formulario de registro para avanzar en el trámite. 

Como complemento de la norma, el decreto provincial reglamentario 1.583 determinó la elaboración de una base de datos bajo el estricto orden de antigüedad según la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva. Con ese criterio, graficó Leiva, se diseñó el listado de quienes percibirán su dinero en efectivo a lo largo de 2017. 

"Con esto se garantiza al ejecutante el cobro efectivo de su crédito, sin estar pendiente o sujeto a eventualidades, discrecionalidades ni obstáculos. Aseguramos de esa manera también el debido resguardo a sus derechos individuales con el fin de honrar las deudas derivadas de los procesos judiciales de modo transparente y respetando el orden cronológico establecido”, completó.

Contra la discrecionalidad

La Ley 8.851, además de disponer la creación del registro en el que deben inscribirse todos los acreedores del Estado, mantuvo la inembargabilidad de las cuentas públicas vigente desde principios de la década del 90. 

La norma, aprobada en marzo, había sido presentada como un instrumento para quitarle poder de decisión a la Fiscalía de Estado respecto al pago de los juicios en los que la Provincia acaba con sentencia adversa. El sistema anterior, según interpretan en el oficialismo, permitía un blindaje parcial al erario, ya que a medida que surgían sentencias condenatorias la Fiscalía de Estado iba disponiendo los pagos mediante resoluciones internos. Además, advierten, fomentaba la discrecionalidad. "La actual situación de cumplimiento de sentencias en los procesos judiciales en que el Estado provincial resulta condenado puede ser percibida como desordenada, lo cual genera descontento entre los particulares que litigan contra el Estado y una permanente sospecha de discrecionalidad en los pagos que debe ser desterrada”, se sostenía en el proyecto de ley aprobado por la mayoría oficialista en la Cámara.


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