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martes, 28 de noviembre de 2017

El Gobierno criticó al juez que investiga la muerte del mapuche

Lo acusa de demorar el ingreso al lugar por aceptar exigencias de los mapuches; los peritajes demostraron que a Nahuel lo mató una bala del grupo Albatros, de Prefectura

Las tensiones entre el Ministerio de Seguridad y la justicia federal en Bariloche a raíz de la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, baleado por efectivos del grupo Albatros en un episodio bajo investigación, estallaron ayer públicamente cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , advirtió que "el Gobierno no va a permitir que las fuerzas de seguridad actúen bajo una orden ilegal". 

Se refería a las condiciones que, según el Gobierno, miembros de la comunidad mapuche de Villa Mascardi le habrían impuesto al juez Gustavo Villanueva para ingresar al predio ocupado y realizar los peritajes criminalísticos que permitan el esclarecimiento de la muerte. La autopsia reveló ayer que el joven murió por una bala 9 mm, el mismo calibre que utilizó la fuerza.

En una conferencia de prensa con su par de Justicia, Germán Garavano , Bullrich deslindó cualquier responsabilidad penal de la fuerza en el deceso del joven y apuntó a la inacción judicial.
Fue una acción legal y legítima, totalmente enmarcada en la ley", dijo la ministra, en relación con el fuego cruzado que habrían intercambiado mapuches y miembros del grupo Albatros el sábado.

La preocupación del Ejecutivo se exacerbó ante el temor de que a tres días del hecho, en un predio cuyo número de ocupantes se habría incrementado, se modifique la escena del crimen, se levanten pruebas y se borren rastros. Más aún con los resultados de la autopsia practicada a Nahuel, que revelaron que el joven murió por una bala 9 mm, el mismo calibre que utilizó la fuerza nacional.

El proyectil ingresó por el glúteo izquierdo, comprometió órganos vitales y se alojó en la axila derecha, afirmaron fuentes policiales.

El temor ante una imputación penal a la fuerza mutó también en malestar. La amenaza está latente y apunta a no contar con elementos probatorios que demuestren que la Prefectura reaccionó en legítima defensa ante una agresión con armas de fuego, dijeron cerca de Bullrich.

También a que se reedite parte de lo que sucedió con el caso Maldonado: una fuerza de seguridad estigmatizada, la acusación -infundada para el Gobierno- de una acción represiva cuando mediaba una orden judicial de patrullar el predio y de buscar prófugos, sumado a que uno de los efectivos de Albatros pueda ser imputado de homicidio.

En el gobierno de Mauricio Macri causaron malestar las demoras de los peritajes -que, según fuentes cercanas a Bullrich, el juzgado había acordado que se realizarían ayer bajo ciertas condiciones-, las piedras arrojadas contra la Policía Federal por la mañana desde el predio y la falta de definiciones judiciales.


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