Se investiga el destino de unos $ 600 millones
girados a los municipios; una auditoría detectó casos de recursos transferidos
para obras que nunca se hicieron
Los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández , Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich ya
pasaron por el juzgado de Claudio Bonadio para comparecer en indagatoria en una
causa en la que se investiga la presunta malversación de casi 600 millones de
pesos correspondientes a transferencias a municipios por el programa Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El dinero no llegó adonde debía.
Ahora, el próximo paso en el expediente es convocar a unos 90 intendentes para
que cuenten cuál fue el destino del dinero.
Las citaciones a los intendentes tendrán por
objetivo "saber dónde está la plata que no está en las tareas
proyectadas" en el plan de residuos, contó una fuente tribunalicia. Las convocatorias a
los intendentes comenzarían a llegar antes de fin de año.
El expediente comenzó con una denuncia el año pasado
del director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa del Ministerio de Ambiente, Martín Bolado, tras una auditoría
que encararon en el ministerio sobre los fondos del programa Girsu. La
investigación la lleva adelante el fiscal Carlos Rívolo.
En la auditoría, según consta en un resumen de la
causa se concluyó que, entre 2013 y 2015, el programa "funcionó con serias
deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual
distribución de fondos".
La denuncia se circunscribía a los municipios de
Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la
fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos
beneficiados por este programa. Por ello pidió un "relevamiento del resto
de los 194 expedientes".
El análisis alcanzó 120 municipios y alrededor del
75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la falta de un
"mapa crítico" para identificar lugares "vulnerables"; la
aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de
control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no
reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.
Río Gallegos es un foco de irregularidades. tanto de
la pesquisa, en 2015 le giraron al municipio $ 25.176.903,60. Rindió gastos por
$ 25.409.735. Pero antes de que se aprobara la rendición, la intendencia
solicitó $ 59.455.148 más. En octubre, la Secretaría de Ambiente le transfirió
$ 34.278.245. En una visita de la Sigen pedida por la fiscalía se comprobó que
en Río Gallegos "no se mejoró la situación del tratamiento de los residuos
sólidos urbanos" y que los proyectos que se preveían eran inviables. Pero
la plata se transfirió.
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