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jueves, 2 de noviembre de 2017

Los miembros del gobierno catalán destituido se presentan ante la justicia española sin Puigdemont

Están acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos, después de la proclamación de independencia del 27 de octubre. Enfrentan penas de 5 a 30 años de prisión. También declaran seis miembros de la mesa del parlamento catalán

La mayoría de los miembros del gobierno catalán destituido llegó este jueves a la Audiencia Nacional de Madrid a declarar por rebelión, sin su presidente Carles Puigdemont al frente.
De los 14 miembros del gobierno destituido citados a declarar faltaban 5, incluyendo a Puigdemont, que se fue a Bélgica denunciando la falta de garantías judiciales; en cambio, sí acudieron el vicepresidente Oriol Junqueras, o el ex responsable de Exteriores Raúl Romeva.

A unos cientos de metros, en el Tribunal Supremo, llegaron los seis miembros de la mesa del parlamento catalán citados a declarar, con la presidenta de la cámara a la cabeza, Carme Forcadell.

Los 20 acuden en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el 27 de octubre, a la que el gobierno central de Mariano Rajoy respondió con el cese del gobierno catalán y la disolución del parlamento.
Se trata de delitos muy graves que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.
Presidente del gobierno catalán hasta hace unos días, cuando fue destituido por el gobierno central de Mariano Rajoy, Puigdemont no comparecerá por considerar que la justicia española no ofrece garantías de un juicio justo.

"Estas citaciones se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que sólo busca castigar ideas", denunció Puigdemont en un comunicado.

El dirigente de 54 años había adelantado que algunos de sus consejeros responderían en cambio a la convocatoria "como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas".
"No va a Madrid, he propuesto que lo interroguen aquí en Bélgica", explicó a la televisión pública catalana TV3 el abogado belga Paul Bekaert.
"Ya he tenido en el pasado casos como este, en los que se interroga al sospechoso en Bélgica", añadió Bekaert, que frenó la extradición a España de una presunta miembro de la organización armada vasca ETA.

De los 20 encausados, el único no independentista, Joan Josep Nuet, acusó de irresponsabilidad a Puigdemont y expresó su temor de que todos acaban siendo encarcelados por su culpa por riesgo de fuga, como es el caso de dos líderes de organizaciones cívicas independentistas, "los Jordis", Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

"Creo que esta actitud del presidente Puigdemont puede hacer que todas las personas que estén citadas acaben en la prisión preventiva porque, de alguna forma, les está enseñando el camino de que escaparse es posible", dijo Nuet el miércoles la emisora pública Catalunya Radio.
Nuet, que es diputado, irá a declarar como miembro de la mesa del parlamento, que permitió la tramitación de la declaración de independencia.

La incomparecencia de Puigdemont podría desembocar en su detención en Bélgica, a demanda de las autoridades españolas, y en un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que Puigdemont no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Aunque estos comicios fueron convocados por el gobierno central de Mariano Rajoy tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos independentistas aceptaron participar.

Sedición y rebelión, dos delitos graves

Los dos principales tribunales españoles, el Supremo y la Audiencia Nacional, ya están investigando si se cometieron los delitos de sedición y rebelión en la proclamación de la independencia del 27 de octubre.

Son culpables de sedición quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Las penas varían de cuatro a quince años en prisión.
Cuixart y Sánchez ya fueron encarcelados preventivamente el 16 de octubre como sospechosos de este delito.

En cuanto a la rebelión, la cometen aquellos "que se alzaren violenta y públicamente"para "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

Las penas varían de 5 a 30 años en prisión.


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