La Justicia Federal de Dolores ordenó este lunes a
las prestatarias de gas de todo el país que se abstengan de realizar cualquier
corte o suspensión del servicio por falta de pago, al dictar una medida
cautelar a partir de una presentación realizada por la Asociación Consumidores
Argentinos.
Una fuente judicial explicó que la medida la adoptó
el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien dispuso que "todas
las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante
cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha
derivado de la falta de pago".
En el fallo, el magistrado sostuvo que la cautelar
interina se dictó "debido a que se trata de sectores
socialmente
vulnerables o se encuentra comprometida la vida digna" presupuestos que a
su criterio
quedaron acreditados en la presentación.
Además, resolvió que se revisará la medida cautelar
una vez que los diferentes organismos del estado contesten los informes que se
les solicitó en la causa.
En la presentación judicial, realizada por los apoderados
de Consumidores Argentinos, José Elvis Toto y Gustavo Luis Aballar Stiep, se
había solicitado "la inconstitucionalidad y la nulidad de los aumentos de
gas por falta de audiencia pública en el valor del Precio de Ingreso al Sistema
de Transporte (PIST) del gas".
Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteó hasta
tanto "se dé traslado a las partes intervinientes" para que hagan el
descargo correspondiente y ordenó también comunicar la causa al Registro
Público de Procesos Colectivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras el fallo, el Defensor del Pueblo de la
provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino aseguró que esa decisión "va en
línea con lo que le reclamamos a todas las firmas que prestan el servicio en la
Provincia".
"Se trata de una decisión que tiene en cuenta
la situación de vulnerabilidad de las familias, sobre todas las que menos
tienen, jaqueadas por estas subas irrazonables", expresó Lorenzino.
Agregó que el reclamo "tiene que ver con
defender a la gente para que pueda desarrollarse dignamente, que se les
garanticen los servicios públicos elementales y que las razones estrictamente
económicas no condicionen su calidad de vida".
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