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martes, 19 de junio de 2018

Diputados quieren que los obispos ganen lo mismo que un docente universitario


La propuesta le pertenece al diputado radical Alejandro Echegaray, quien sostiene que “el Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas”

Después de la media sanción a la legalización del aborto, que pasó al Senado, diputados del radicalismo ahora apuntan sus cañones contra los salarios de los obispos: presentaron dos proyectos, uno para equipararlos al de un docente universitario, y el otro directamente para que el Estado deje de pagarles el sueldo, mediante la derogación de cinco decretos de la dictadura.

Esta última propuesta le pertenece al diputado radical Alejandro Echegaray, quien sostiene que "el Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas”.

"Si bien el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional establece que el gobierno federal ‘sostiene el culto católico apostólico romano’, esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos”, indicó Echegaray, representante de la provincia de Buenos Aires.


Señaló que este apoyo económico del Estado argentino a la Iglesia Católica ya se implementa de diversas formas, como exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos, mantenimiento de templos, así como cesiones de inmuebles fiscales para fines determinados, además de los sueldos de los obispos.
Decretos de la dictadura

Echegaray resaltó que las asignaciones dispuestas en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones a favor de distintos integrantes del clero católico se dispusieron por cinco decretos leyes de la última dictadura militar, cuatro firmados por Jorge Rafael Videla y el último por Reynaldo Bignone.

El primero es el decreto ley 21.540, que establece una asignación mensual vitalicia equivalente al 70% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos que cesen en dichos cargos por razones de edad o invalidez, y otra equivalente al 60% de la remuneración citada para los obispos auxiliares.

El segundo es el decreto ley 21.950, que establece una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos hasta que cesen en dichos cargos, y otra equivalente al 70% de la remuneración citada para los obispos auxiliares.

El tercero es el decreto ley 22.162, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

El cuarto, decreto ley 22.430, establece una asignación mensual vitalicia a favor de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.

Y el quinto, firmado ya por el dictador Bignone, es el decreto ley 22.950, que establece una contribución mensual a la formación del clero diocesano, por cada alumno del seminario mayor, equivalente a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.
La otra propuesta

También la diputada Carla Carrizo, del bloque Evolución Radical, presentó un proyecto que apunta a los sueldos de los obispos, pero en vez de eliminarlos pretende equipararlos a la remuneración de un docente universitario titular con dedicación exclusiva.

Ambas iniciativas fueron giradas a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores y Culto, que presiden los macristas Luciano Laspina y Cornelia Schmidt-Liermann.

"Ya le pedí a la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores que lo tratemos. Entiendo que no será en el brevísimo plazo. Pero con el cofirmante del proyecto, Fernando Iglesias (PRO), vamos a pelear para que se debata, independientemente de la suerte que vaya a correr”, le dijo Echegaray a Los Andes.

En las próximas semanas antes del receso de julio los diputados se abocarán al debate de un proyecto firmado por los líderes de Cambiemos, Nicolás Massot (PRO), Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (CC), para la expropiación de más de 4.000 terrenos donde funcionan villas de emergencia, con el fin de otorgarles la titularidad de sus propiedades a sus habitantes. De modo que las propuestas de Echegaray y Carrizo podrían debatirse a partir de agosto.


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