"Con las mismas leyes del kirchnerismo,
actuamos de manera distinta. Si no, habríamos quedado pegados, y no lo
estamos".
La reflexión que ayer hacía un miembro del gabinete
de Mauricio
Macri transparenta el pensamiento de la Casa Rosada: no habrá, a pesar
del tsunami provocado por la aparición de los
cuadernos de las coimas y sus consecuencias judiciales, cambios en el
marco general que regula los contratos de las empresas, que solo caerán en el
caso de condenas judiciales firmes contra las empresas.
De todos modos, en el Gobierno hay un debate abierto
sobre la "mejor manera" de "fortalecer las buenas
prácticas" que, a juicio del oficialismo, se vienen utilizando desde que
Cambiemos llegó al poder.
Una nueva ley o un decreto que reglamente la
gratuidad de los pliegos de licitaciones de obras, o la obligatoriedad de
publicación vía web de las adjudicaciones, por dar solo dos casos, sería la
herramienta a utilizar. Como base de estos cambios en el marco normativo se
utilizaría un informe sobre la transparencia en el manejo de la obra pública que
está elaborando el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando
Sánchez, y del que también forman parte la Oficina Anticorrupción y la
Procuración del Tesoro. "Estamos viendo la mejor manera de fortalecer todo
lo que venimos haciendo sin que la ley nos obligue, y que quede firme de aquí
en más",
En sintonía con la línea del jefe de Gabinete, Marcos Peña ,
Dietrich y su par de EnergíaJavier Iguacel sostienen
el mismo discurso que el día después de estallado el escándalo de los cuadernos
del chofer Oscar
Centeno . "No habrá rescisión de contratos hasta que no haya una
condena firme a las empresas", afirmaron cerca del ministro de Transporte,
desde donde también elogiaron la "prudencia" de jueces que tuvieron a
su cargo investigaciones anteriores contra contratistas de obra pública.
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