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lunes, 1 de octubre de 2018

La mayoría de los genocidas condenados están en sus casas con prisión domiciliaria


Los datos son oficiales. En la Argentina el 57% de los condenados por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar están detenidos con prisión domiciliaria. 

El porcentaje se incrementó desde la llegada de Mauricio Macri al poder.Por otra parte, 36 genocidas aún permanecen prófugos. En total los condenados son 862 y otros 122 fueron absueltos. Los datos a los que accedió Infobae fueron procesados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que depende de la Procuración General de la Nación.

Según esa estadística, desde el año 2006 y hasta el 20 de septiembre de 2018, los magistrados dictaron 209 sentencias. En total, se resolvieron 1.004 detenciones. Pero con el correr de los años, las apelaciones de los abogados defensores, y el cambio de los aires políticos, del kirchnerismo al macrismo, 641 de esas personas, la mayoría integrantes de las fuerzas de seguridad, fueron agraciados con arresto domiciliario.

Si se analizan esas causas con más detalle, y siempre según los datos del Ministerio Público Fiscal, hasta mediados de septiembre de 2018, se registró un total de 575 causas, en las que fueron investigados 3.020 imputados.

Los datos duros de las estadísticas aseguran también que en ese lapso fueron 984 los imputados que han sido sentenciados. De ese total, 862 fueron condenados y 122 terminaron absueltos. De estos últimos, 43 pasaron más de 10 años presos siendo inocentes según la justicia.

En otras palabras, en este momento hay más imputados libres que detenidos y más genocidas con arresto domiciliario que en una cárcel común.

Uno de los emblemas de los Centros Clandestinos de Detención Bonaerenses, Miguel Etchecolatz, ex jefe de la Policía Bonaerense y el capo supremo de los 21 centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia, fue uno de los esos beneficiados con prisión domiciliaria.
Sin embargo, la rápida reacción de los fiscales que apelaron la decisión de los jueces, y de los organismos de derechos humanos, posibilitó que el ex represor, de 89 años, volviera al Penal de Ezeiza.

Desde ese lugar, y a través de sus abogados, el ex genocida le pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal ser reincorporado a la policía, lugar del que fue exonerado por decisión del auditor general de Asunto Internos, el abogado Guillermo Berra.

Es más, Etchecolatz al apelar su exoneración le exigió a las autoridades provinciales que le dijeran "qué acciones" había realizado "para ser encuadrado en las supuestas faltas atribuidas".

El represor fue condenado en seis expedientes diferentes por secuestros, torturas, asesinatos y apropiaciones de bebés, y está procesado además en numerosas causas que aún no llegaron a juicio.

La ex mano derecha del ex general Ramón Camps, también es el principal investigado por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López y ya recibió condenas de 23 y 25 de prisión por hechos aberrantes y delitos de Lesa Humanidad.

El reclamo de ex jefe policial podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, pero sus chances de que tanto él o su familia, después de su fallecimiento, reciba los beneficios de su jubilación privilegiada es extremadamente dudosa.

Uno de los últimos beneficiados con prisión domiciliaria fue el del represor Luis Antonio Falco, condenado por la apropiación del diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Juan Cabandié.

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