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martes, 2 de octubre de 2018

Los motivos por los que ordenan investigar a Daniel Scioli y a Aníbal Fernández por la Triple Fuga


Condenaron a 7 años y medio a los Lanatta y a Schillaci. Pero la Justicia apunta al poder político y al Servicio Penitenciario.

Algo debe quedar claro: la fuga jamás se hubiese producido sin la colaboración de las más altas jerarquías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y del poder político". La afirmación forma parte de la condena contra los protagonistas de la evasión del penal de General Alvear, ocurrida en diciembre de 2015. Y también sustenta el pedido del juez a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata, Juan José Ruiz, de investigar a ex funcionarios kirchneristas y a ex autoridades penitenciarias por la presunta complicidad en la conmocionante fuga de los condenados por el triple crimen de la efedrina.

Martín Lanatta (45), su hermano Christian (46) y Víctor Schillaci (37) fueron sentenciados este lunes a 7 años y medio de cárcel por el escape, que tuvo -según el juez- "ribetes cinematográficos". Los delitos que cometieron fueron evasión, privación ilegitima de la libertad (de tres penitenciarios) y robo automotor. La fiscal Silvina Langone había pedido 14 años contra ellos, pero no le dieron la razón. Igual, los tres acusados ya cumplen una pena a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en 2008.

De acuerdo con el fallo, aquella huída de una cárcel de máxima seguridad habría tenido a más posibles involucrados. Por eso, se remitieron todas las pruebas y actuaciones conocidas en el juicio oral para que se inicien causas penales contra el ex jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández; el ex gobernador Daniel Scioli; y su cúpula penitenciaria. También habrá investigaciones para determinar eventuales responsabilidades del ex ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal: del ex subsecretario de Políticas Penitenciarias, César Albarracín; y de la ex jefa del SPB, Florencia Piermarini. En la nómina también aparece Andrés Meiszner, ex titular del RENAR (Registro Nacional de Armas) en los tiempos en los que Martín Lanatta trabajaba allí. Para esto, el juez Ruiz remitió las actas a la Procuración General de la Corte y a la fiscalía en turno de La Plata.

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