El fiscal Federico Delfino, quien investiga la
muerte de dos niñas de nacionalidad argentina en el operativo de la Fuerza de
Tarea Conjunta (FTC) contra un campamento del insurgente Ejército del Pueblo
Paraguayo (EPP), admitió que las prendas que llevaban las fallecidas se
destruyeron y que tenían 11 años de edad y no 15 y 18 como dijo ayer un médico
forense.
Esta rectificación alimenta las críticas hacia las
fuerzas operativas, los investigadores y las autoridades del Gobierno, a
quienes se les achacan errores y malos procedimientos, según informó el diario
asunceño Ultima Hora.
Una de las críticas partió del representante en
América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Jan Jarab, quien hoy calificó la acción militar como “un hecho
gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía
proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de
todas las niñas, niños y adolescentes en el país”.
El duro pronunciamiento de Jarab disparó una
inmediata reacción del Gobierno nacional, que vía Cancillería emitió una
declaración que calificó de irresponsable al representante de la ONU por
"insinuar una posible alteración de los hechos" ocurridos en el
operativo en Yby Yaú, del departamento Concepción, el pasado miércoles.
"(Este) hecho que junto a otras actuaciones del
mismo ya objetadas y observadas a la Oficina de la Alta Comisionada llevan al
extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición
de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las
autoridades competentes del Estado paraguayo", añade el escrito.
En tanto, el forense Cristian Ferreira había dicho
ayer que las edades de las niñas varían entre 15 y 18 años, aunque ayer se
confirmó que tenían 11 años y meses, tal como informó la tía de las niñas
muertas, Genoveva Oviedo Brítez, hermana del líder del EPP, Alcídez Oviedo
Brítez.
La mujer precisó que las fallecidas son Aurora y
Liliana, de 11 y 12 años de edad, y que una era hija de Osvaldo Villalba y
Magna Meza, mientras la otra de Liliana Villalba, todos reconocidos miembros
del grupo armado.
“Se tomaron muestras de ellas (las vestimentas) y
por esta cuestión del Covid, (por) que es el manejo, automáticamente se tienen
que destruir. Pero antes de esa destrucción se hacen tomas fotográficas, las
cuales tenemos todas agregadas a la carpeta fiscal”, afirmó ayer el agente del
Ministerio Público en conversación con el programa La Lupa, de Telefuturo.
Añadió que las otras ropas halladas en el campamento
también se destruyeron luego de las muestras fotográficas.
Delfino señaló que precisamente solicitaron la
exhumación de los cuerpos “atendiendo a la controversia que se está suscitando
en cuanto a la edad y la supuesta identidad de los padres” de las menores de
edad.
“Vamos a hacer las muestras de ADN para realizar el
correspondiente proceso penal contra los progenitores o tutores”, subrayó.
La destrucción de las ropas recibió diversas
críticas, entre ellas la de la excandidata presidencial Lilian Soto, quien
fustigó la acción. “¡Qué horror! Con lo que hicieron jamás sabremos si las
niñas estaban con uniforme militar o jugando en pijamas. Es espantoso”,
expresó.
En este sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos
del Paraguay (Codehupy) había alertado en una nota que “es momento de revisar
la inconstitucional existencia de la FTC”.
Por su parte, la Mesa de Presidentes de Partidos de
Oposición rechazó en un comunicado la acción militar en el Norte y exigió una
investigación seria, exhaustiva e imparcial sobre los hechos acontecidos.
El Frente Guasu (FG) demandó que la muerte de las
dos niñas sea investigada y aclarada.
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